¿Cómo empezó todo?

Lucas fue adoptado por un matrimonio que estuvo junto durante 14 años y que, sin haber tenido hijos, lo consideraba parte esencial de su familia. El perro viajaba con la pareja y recibía cuidados especiales de ambos. Cuando llegó el divorcio, surgió un conflicto: ¿quién se haría cargo de su custodia y de sus gastos de manutención?

Blanca, una de las dueñas de Lucas, decidió iniciar un proceso legal para garantizar el bienestar del animal. La abogada Bellanila Andrea Hernández Reyes tomó el caso de forma gratuita, sabiendo que sería una batalla cuesta arriba: en Tabasco no existe legislación específica sobre pensiones para mascotas.

La resolución judicial

Después de casi diez meses de proceso, una jueza de lo familiar determinó que Lucas debía recibir apoyo económico mensual, al considerar que durante el matrimonio ambos integrantes participaron activamente en su cuidado. El fallo estableció:

  • Una pensión mensual de 700 pesos, equivalente a cerca del 3% del salario del dueño.
  • La obligación de cubrir los gastos veterinarios del animal.
  • La guarda y custodia provisional de Lucas a favor de Blanca.

Aunque el monto no alcanza a cubrir el costo total de la manutención de Lucas —que supera los 1,500 pesos mensuales solo en alimentación—, especialistas coinciden en que el fallo representa un paso simbólico importante.

El argumento legal: "seres sintientes"

La base jurídica del caso se apoyó en el reconocimiento de perros y gatos como seres sintientes, una categoría respaldada por el artículo primero de la Constitución mexicana. Según la abogada del caso:

Es el primer caso de una mascota, de un ser sintiente. Fue bastante difícil llegar a esto porque no se está acostumbrado y no está legislado, y eso no debería ser, porque para muchas personas una mascota equivale a un hijo.

¿Qué sigue después de Lucas?

El caso ha abierto un debate en redes sociales y en el ámbito legal mexicano: ¿podrían otras mascotas acceder a pensiones similares en procesos de divorcio? Expertos advierten que, aunque el precedente es histórico, la mayoría de los estados del país todavía carecen de regulación específica sobre custodia y manutención animal, por lo que el camino hacia que esto se vuelva una práctica común sigue siendo largo.

Lo que sí queda claro es que el caso de Lucas marca un antes y un después en cómo la ley mexicana podría empezar a tratar a las mascotas: no como simples bienes materiales, sino como miembros reales de la familia.